Corremos un grave peligro.

Las minorías nos hemos forjado con cruentas luchas un lugar en la historia, o bien sea dicho, hemos forjado gloriosos capítulos de la historia humana. Hemos arrebatado los derechos que nos corresponden. Con cada victoria crecía nuestra posibilidad de existir en este mundo, de vivir una vida digna y justa.

Pero a su vez, sin darnos cuenta, se iba fortaleciendo un cierto discurso triunfalista sobre los derechos fundamentales y, como su histórica consecución representa un avance monumental en las democracias occidentales, se incluyó progresivamente en el centro de la institucionalidad.

Hoy no podemos siquiera considerar vocablos como democracia, Estado social de derecho o constitución, omitiendo los derechos de ciertas minorías. ¡Entonces lo hemos logrado! Las mujeres pueden votar, abolimos la esclavitud, los indígenas tienen consulta previa y los maricones pueden salir del closet. Mujeres, negros, indígenas y maricones: gracias por su lucha, ahora sí nos vamos a poder concentrar en los temas importantes de la agenda política.

Hemos llegado a un punto crítico en el que se han reconocido legalmente una amplia gama de derechos fundamentales que nos corresponden, y esto no es menor; sin embargo, encontramos cada día que tal avance no tiene correspondencia con la vida real. La existencia de las minorías en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, se encuentra todavía especialmente comprometida; pero como la vocación de transformación real de una sociedad ultra-conservadora como la colombiana es tan pobre, las victorias de papel son suficientes.

Los derechos fundamentales se han vuelto más un asunto de corrección política que de mandatos de cumplimiento. Están ahí en cierta medida, para legitimar al Estado interna y externamente, para presumir de la solidez de la democracia en el ordenamiento colombiano.

En este escenario de satisfacción generalizada sobre lo que ha construido la humanidad a lo largo de los siglos en materia de derechos fundamentales, es muy fácil que a los ciudadanos que ocupan un lugar privilegiado en la pirámide social (podríamos decir hombre, blanco, heterosexual; o bien, ciudadano de primera clase) les parezca que las minorías, somos escandalosas y exageradas cuando demandamos más de lo que ha sido reconocido.

Se preguntarán “¿qué más quieren?”, porque en el fondo conservan la convicción de que esos derechos fueron regalos o concesiones que nos han sido entregadas como prueba de su generosidad política, lo que nos deja por supuesto como unos mal agradecidos.

Su posición de poder hace que las historias de mujeres brutalmente agredidas, violadas, empaladas y asesinadas les resulten escalofriantes pero indudablemente lejanas. Se deleitan por la mañana con la información estratégicamente detallada por su noticiero preferido, y salen por la puerta a trabajar. Es para ellos un día cualquiera, no entienden tan siquiera un poco el miedo que puede llegar a experimentar una mujer al escuchar, día tras día, las sangrientas minucias de la violación-asesinato de la semana. Por supuesto ese mismo día, el ciudadano de primera clase, mientras maneja en camino al trabajo, se topa con una mujer de su gusto y encuentra conveniente reducir la velocidad del carro, bajar el vidrio y vomitar su deseo en un lo que él considera un “piropo inofensivo”.

Corremos un grave peligro porque las luchas de las minorías, en este caso las luchas feministas, empiezan a parecer obsoletas ante una sociedad que considera que ya todo ha sido otorgado.

Hemos naturalizado la violencia ejercida en contra de la mujer a tal punto que no logramos entender por qué temen por su vida cuando van a salir de sus casas; mucho menos entendemos que este miedo logra condicionar la forma en que se visten, los lugares que frecuentan, la forma en la que hablan, los espacios que habitan y cómo los habitan. No entendemos que esta situación restringe gravemente el ejercicio de los derechos de las mujeres y pone a los hombres en una posición de privilegio y de poder; o tal vez sí lo entendemos y nos rehusamos vehementemente a renunciar a los privilegios que gozamos porque nuestra cédula dice sexo: M

En todo caso, es evidente que debemos ganar de nuevo, un lugar central en la lucha por los derechos de las mujeres, por más excéntrico e innecesario que les resulte a los ciudadanos privilegiados que salen sin miedo de sus casas. Esa lucha debe estar acompañada sin lugar a dudas por todas y todos; porque no es un asunto de competencia exclusiva del sexo femenino, sino un deber de quienes apreciamos la vida en sociedad, especialmente una vida plural y justa ordenada por la igualdad de oportunidades y de condiciones de existencia.

A su vez, se debe marcar una distancia estratégica con el discurso institucional, porque corremos el riesgo de ser reducidos a una fuente de legitimación del Estado: el vigente discurso de las minorías puede ser capitalizado por la institucionalidad haciendo pequeñas y simbólicas concesiones, para sumar electores en las urnas.

Es precisamente por esto que debemos tener mucho cuidado con lo que pretendemos conseguir.

Tres años después del brutal feminicidio de Rosa Elvira Cely, se fraguó en el congreso en su homenaje y como respuesta a la oleada de violencia en contra de la mujer, la ley 1761 del 2015.

Esta ley se propone prevenir y erradicar la violencia contra la mujer por motivos de género y discriminación. ¿Y cómo es que el Congreso va a lograr tan loable cometido? Esta ley, tipifica el delito de “feminicidio” como delito autónomo en el sistema penal. Es decir: lo que antes se trataba como homicidio agravado hoy es feminicidio con sus propias medidas penitenciarias y causales de agravación punitiva; asesinar a una mujer por las razones mencionadas, es ahora un delito.

Esto es lo que numerosos ciudadanos y actores demandaron ante el Estado: penas duras y ejemplarizantes, que le demuestren a la sociedad que la vida de las mujeres es valiosa y que masacrarlas tiene consecuencias. Tal vez sin entender lo contraproducente que esto resulta:

Por un lado el derecho penal es la salida más fácil que tiene el Gobierno para “resolver” conflictos; en cualquier caso no implica mucho, basta con crear un nuevo delito que mande a cientos de ciudadanos más a prisión, para que el Gobierno y los congresistas salgan en televisión y en campaña, reclamando su victoria contra el machismo asesino. Como siempre ocurre con el sistema penal, no es más que la expresión de un Estado que se ve incapaz de resolver los problemas más graves que aquejan a la sociedad.

Haber configurado el feminicidio como un delito, hace quedar muy bien al Congreso, pero lejos está de resolver, o cuando menos, atender el problema real. Para la muestra tenemos otros flamantes tipos penales, que relucen en el ordenamiento como la “verdadera solución” a graves problemas: inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, acceso carnal violento. El cuento se cuenta sólo. Cuando sigan asesinando sistemáticamente mujeres el Gobierno y los congresistas nos van a preguntar ¿y qué más quieren? ¡Si ya los metimos a la cárcel!

Por otro lado, acudimos al derecho penal buscando justicia social; pero mal haríamos en ignorar que este es uno de los sistemas más selectivos, injustos y desiguales de toda la estructura del Estado. Cada que acrecentamos los límites del ejercicio del derecho penal, hacemos más profundas las contradicciones que aquejan a Colombia. Con esto no sólo vamos en contravía de nuestra intención, sino que cometemos el grave error de desligar la lucha de las mujeres del resto de luchas de minorías en la arena política.

Me refiero a que deberíamos encontrar discursos y objetivos compartidos, con el resto de movimientos que reclaman justicia social, entendiendo que el feminicidio es también un asunto de clase y de raza por ejemplo (dos criterios clarísimos de selectividad penal).

Con esto la única conclusión que podemos extraer es que el sistema penal no sólo es un completo fracaso a la hora de resolver nuestros problemas, sino que su naturaleza es a todas luces  contradictoria con las  luchas por justicia social.

Será hora de hacerle entender a los colombianos lo que las mujeres entendieron hace mucho tiempo:

Esto no es un asunto de un par de hombres borrachos, ni de delitos pasionales como le gusta llamarlos a la prensa. Es el producto de años de opresión y dominación del hombre sobre la mujer. Sin desmontar todos los privilegios y todas las opresiones asociadas al género, nunca vamos a resolver estructuralmente el problema. Y esto no se va a lograr con el fortalecimiento del sistema penal, sino con un desarrollo normativo mucho más enfocado a las medidas de prevención y protección, pero esencialmente se necesita una transformación cultural profunda; una verdadera revolución sexual y de género.

La próxima vez que se nos pregunte ¿qué más queremos? Tendremos que responder de forma contundente y sin miedo: lo queremos todo, no nos sirven nuestros derechos dosificados ni por partes, ni lo que le vaya resultando a la élite política conveniente poner en el papel, los queremos efectivos y es urgente que lo logremos. No estamos negociando.

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