Esta es una de las denuncias que desde el mes de junio viene haciendo la Alianza de Litigio Estratégico en defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres de Medellín, integrada por universidades y organizaciones activistas.

El 23 de junio la Alianza se dio cita con funcionarias y funcionarios concernientes a la ruta de atención a la violencia intrafamiliar para exponer cifras alarmantes en torno a la violencia hacia las mujeres. Desde el año 2010 el 83% de víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, de las cuales el 59,3% son mujeres entre 18 y 38 años.

La forma en la que se está haciendo frente a esta problemática constituye una salida en falso en la que las mujeres terminan siendo revictimizadas por los entes de justicia. En primer lugar cuando se les adjudica la ausencia de datos por no denunciar estas agresiones. En segundo lugar cuando es el caso de que la denuncia sí es llevada a cabo pero no se obtienen medidas satisfactorias para sacar a las mujeres de ese círculo de violencia.

Para el primer caso se calcula que se denuncia el 47% de los casos pero las autoridades interponen medidas de protección en el 12% de esta última cifra. Entonces, es necesario mejorar la percepción de las mujeres hacia la institucionalidad, esto solo se logra con respuestas satisfactorias y a esto nos lleva el segundo caso, cuando la denuncia si es efectuada, el 43% de la ayuda recibida por las mujeres son consejos y cuando en el 89% de los casos se sugiere la conciliación con quien ha incurrido en el maltrato. La medida de protección menos utilizada es el desalojo, solo 18% de los funcionarios la aplica.

Lo anterior ha sido meritorio para que esta alianza de universidad y organizaciones declaren una crisis humanitaria por la sistemática y masiva violación de derechos hacia las mujeres.

Además por las declaraciones del recién nombrado Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez en las que aseguró que la violencia intrafamiliar debe ser descriminalizada, ya que se trata más bien de “violencia de ocasión” que atosiga el sistema judicial.

Así, los funcionarios del sistema judicial no solo no acuden a medidas de protección como el desalojo por dar prevalencia al derecho de propiedad sobre el derecho a la integridad y la vida de las mujeres sino que además ubicaron a las mujeres en una situación de vulnerabilidad considerando que atosigan la justicia.

Es por eso que se convocó a una jornada académica el 23 de junio con el fin de priorizar el tema en la agenda de los actores competentes, tomar medidas efectivas y asumir la crisis humanitaria que proponen para que se dé lugar a acciones diferenciales que ayuden a trascender del subregistro, la carencia de datos y el abordaje de la seguridad que contribuya a minimizar esta forma de violencia. Se trata de un proceso de incidencia en el que La Alianza espera compromiso de la institucionalidad para desarrollar acciones diferenciales con enfoque de derechos y género de manera urgente. 

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